Según parece, lo que movió a D. Audomaro Molina a presentar acusación contra los señores Tomás Pérez Ponce, Antonio Canché y Carlos P. Escoffié Z., por el supuesto delito de injurias, fue que la carta abierta suscrita por el primero de los acusados, en representación del segundo, e impresa en la tipografía del tercero, llegó a encontrar eco entre muchos colegas nuestros. Tal serían de escandalosos los delitos denunciados por Canché, que dice se cometen en la hacienda de Molina, que todos los paladines de la prensa honrada se han referido a la tal carta, no con la idea de hacer conocer la insignificante figura de D. Audomaro, sino con la de excitar a las autoridades a proceder al esclarecimiento de los delitos publicados.
La carta abierta en cuestión, que en cualquier lugar del mundo hubiera sido motivo de una inquisición judicial, pasó desapercibida para la justicia. El juez Ignacio Hernández, que precisamente estaba de turno cuando la tal carta se publicó, no procedió como debía, pues ninguna gestión hizo para averiguar si tales delitos existen en la finca donde parece que tan duramente fue tratado Canché, al grado de tener que salir de allí protestando no volver a ella. Ese mismo Juez Ignacio Hernández, ¿por qué no procedió a la averiguación de los hechos criminosos, públicamente denunciados y hoy por una acusación improcedente de Molina, se ensaña, se extralimita en sus diligencias? Cuando tales hechos fueron públicamente denunciados por Canché, el juez Hernández permaneció impasible y en cambio, cuando Audomaro Molina se convirtió en acusador privado, el juez Hernández llegó al colmo de la destreza. ¿Qué pudo operar ese cambio tan rápido?
Allá en Cumpich, dijo Antonio Canché que se cometían verdaderos crímenes atacando la libertad individual, obligando a los sirvientes a trabajos forzados, etc., etc., y el juez Ignacio Hernández que estaba de turno, ante tamaña denuncia, fue sordo, ciego y mudo, porque ni averiguó si hacía tal cosa, ni aprehendió al que aparecía presunto responsable de esos crímenes, ni cateó la casa de éste, ni la hacienda, ni en una palabra, hizo cosa alguna que pudiera llamarse justicia, sino que el indiferentismo se apoderó de él, y pasó aquella denuncia que hacía Canché, no desapercibida, sino desoída por la autoridad.
Bien se conoce la gran diferencia que hay de la posición pecuniaria que guarda Canché, a la que guarda Audomaro Molina. Las palabras del primero no hallaron eco más que en las columnas de honrados paladines de la prensa de la Metrópoli, como el “Juan Panadero” “El País” y “Regeneración” de S. Antonio Texas E. U.; en cambio un escrito de Molina, ha impulsado al juez Hernández para que despliegue todo su lujo de autoridad, verificando aprehensiones, él en persona, y cateando hogares honrados que no se han librado de las infundadas sospechas de Molina. ¡Oh poder del poderoso hacendado D. Audomaro! ¡Tú haces del juez un funcionario despierto y activo, mientras que las tristes lamentaciones de los sirvientes de Cumpich, encontraron su alma convertida en roca!
Parece que lo que indujo a D. Audomaro a dar el paso que ha dado, es el escándalo que se ha formado por las denuncias hechas por Canché. Ese escándalo que pasó delante del Juez Hernández, que se desarrolló en su presencia, precisamente cuando su Juzgado estaba en turno, llegó a ser por fin oído por Molina; y éste, asustado, amedrentado o confundido, buscó en el propio funcionario el “justicia” que hiciera caso de una infundada acusación. Y así fue.
Tal se ha visto para avergonzar hasta la luz del día, que el que no fue juez para Canché y otros infelices indios de Cumpich, es para el que de ser quizás responsable, sale hoy exigiendo responsabilidades.
¿No supo D. Ignacio lo que en Cumpich pasaba? La carta en pliego impreso circuló en Mérida, y parece que alguien mandó algún pliego fuera de esta ciudad; las lamentaciones de Canché, pidiendo protección para sus desgraciados ex compañeros de infortunio, fueron escuchadas más allá de los límites de Yucatán, y sin embargo, en nuestro infortunado Estado, esas lamentaciones que no perturbaron la sordera del juez tercero del ramo  penal, solamente fueron tomadas como una arma que la política del día había de esgrimir en manos del hermano del Gobernador, para encarcelar injustamente a los que en nombre de la libertad, del deber, de la humanidad, piden justicia para los desgraciados indígenas de Cumpich.
Se nos dirá que el Sr. Molina procuró que una autoridad hiciese en su finca averiguaciones que pueden ser perfectamente salvadoras, de lo que se le atribuye, pero haremos ver que, siendo hechos criminosos los denunciados por Canché, ninguna autoridad, más que el juez del crimen en turno, que era en los momentos de la denuncia el Lic. Hernández, ninguna autoridad más que él, era la que debía hacer la averiguación que no se hizo, quedando por tanto la denuncia desoída.
En segundo lugar y suponiendo que los funcionarios públicos que hicieron las investigaciones hubieran tenido facultad para ello, suponiendo (y conste que es suponer solamente), que esas averiguaciones compitiera a ellos hacerlas, como fuera que esas averiguaciones se hicieron tal vez en presencia de D. Audomaro Molina, y en jurisdicción puramente voluntaria, es muy posible que los declarantes, sirvientes de él, no hayan dicho la verdad, porque estarían poseídos del miedo que les inspira el “amo” y sin comprender que el callar era en perjuicio de ellos, sus labios no se despegaron porque es fácil creer que si tal hubieran hecho, hubieran recibido el castigo que requería su indiscreta declaración. Y aparte de esto, ¿qué fue lo que esos funcionarios en el indebido uso de sus atribuciones, pudieron averiguar? ¿Qué los jornaleros fueron bien pagados en presencia de ellos? No quiere decir que antes no se les haya pagado mal y tal vez se les siga pagando siempre mal como antes; ¿qué los sirvientes fueron bien tratados durante la estancia en Cumpich? Esa no es prueba de que antes no hayan sido maltratados; ¡y sepa Dios cómo! De modo que las informaciones judiciales practicadas a propuesta de Molina, en nada han vindicado a este señor de los cargos que le hizo Canché, y su conducta al convertirse en acusador, resulta temeraria y escandalosa, porque invierte los papeles, debiendo haber mejor calládose, para no hacer más sonantes los hechos que se denuncian en lugar de hacer estos mismos hechos que es precisamente de lo que quizá pretenda haber huido, cuando incurría en el extremo opuesto.
Las puertas de la penitenciaria se abrieron para los designantes de crímenes, sin que se averiguase si era o no cierta su denuncia; pero afortunadamente, ante el pueblo, supremo juez que conoce perfectamente a los verdaderos criminales y a los mártires de la causa común de la humanidad, ese pueblo que sabe señalar a sus verdugos, conoce que hay prisiones que glorifican como hay solios que deshonran.

EL PADRE CLARENCIO. Semanario Liberal Independiente y de Caricaturas, Época II, año II, núm. 27, 19 de febrero de 1905, pp. 3 -6.