Pero que haya una ley que lo consigne.

En México surge el pasquín no sólo de la falta de libertad, sino también de la existencia de un monopolio del periodismo. Es inicuo haber levantado a un grupo de periodistas a la altura de “casta privilegiada” y de haber dejado a los demás bajo la acción combinada de dos tiranías: la tiranía de los favorecidos y la tiranía de los favorecedores.
El Poder público ha creído siempre que la libertad de la prensa es peligrosa en México. No es posible negar que dentro de la libertad de la prensa brota a veces el libertinaje de la publicidad. Pero esto no es un argumento en contra de la libertad de la prensa. A tanto equivaldría negar la libertad de recorrer el territorio nacional porque hay hombres que asaltan y roban el los caminos; a tanto equivaldría negar la libertad profesional porque hay una veintena de charlatanes que venden yerbas ineficaces y cinturones eléctricos; a tanto equivaldría negar la libertad de portar armas porque hay hombres que asesinan con alevosía, premeditación y ventaja.
“En los Estados Unidos del Norte no han puesto nunca la mano férrea de legislados sobre el libertinaje de la prensa, tan sólo por no herir en lo más mínimo la libertad de expresar el pensamiento. En ese país existe un respeto tan grande por la libertad de la prensa, que no han sido parte a debilitarlo, ni mucho menos a trocarlo en ímpetu de persecución, los escándalos de los impotentes o de los malvados del publicismo.
“Pero en México donde todo es anormal, ni siquiera existe ley aplicable a la prensa. El Poder público ha preferido no legislar para oprimir mejor, no expedir ninguna ley para aplicarla todas, no designar un tribunal para que todos sean competentes, no reglamentar la Constitución para que todo sea un reglamento, no poner coto a los desmanes de la publicidad, para que todo quede al arbitrio de los jueces, a las “facultades discrecionales” de los magistrados.
“¿Cuándo va a cesar este caos? Un grupo de periodistas de México ignora su condición jurídica, seria y honrada, mientras otro grupo  infame y odioso vive acorazado en la influencia política, y sirve para atizar las iras del Poder, en contra de las plumas desvalidas. Urge que termine esta inequidad; y urge una ley. Que sean competentes los tribunales militares para Juzgarnos, pero que lo diga la ley, que se inventen las más horribles torturas para todo el que trace una letra, pero que ello se legisle; que se establezcan azotes públicos contra todo periodista que no haya perdido la vergüenza, pero que tenga el valor de transcribirlo la ley; que se prohíba pensar y escribir, pero que haya una ley que tenga la estulticia de vedarlo.
“Pedimos una ley, cualquiera que sea. Una ley dura, cruel, implacable, que nos ordene recibir los empellones de los soldados de línea, que nos triture entre los artículos de la ordenanza militar, pero que sea ley. Queremos saber cuando delinquimos y cuándo podemos contar con las garantías de la vida. ¡No pedimos piedad, pedimos una “ley!”

Las anteriores líneas que hacemos nuestras en todos sus puntos, pertenecen al ilustrado colega veracruzano La Opinión, perseguido actualmente y sujetos sus Redactores, por un lujo inmoderado de autoridad, al juicio indebido de un juez militar.
La triste realidad pone de manifiesto la desencadenada persecución que en toda nuestra Patria se hace a la prensa que se atreve a protestar contra los desmanes de los tiranos, o que pone en relieve la maldad de los favoritos con el laudable propósito de desenmascararlos, para que no impunemente alardeen del favoritismo que se les dispensa.
Interminable sería una lista de los atropellos que cometen los funcionarios públicos contra la prensa; largo sería enumerar una a una las tiranías que han ejercido presión sobre la libertad de pensar y escribir; siempre amparándose los tropelistas y los acusadores en tal o cual ley más o menos disparatada que se ajusta perfectamente a sus instintos de venganza.
La Nación está en manos de esas dos tiranías a que el artículista de “La Opinión” se refiere, gracias a la falta de una ley de imprenta.
Nada hay que reglamente el artículo séptimo Constitucional, y de ese modo cualquiera ley es adaptable para satisfacer odios y rencores de criminales que reclaman una honra que no les pertenece y que alegan que se toca su vida privada cuando el periodista no guarda el criminal silencio de los actos más aborrecibles que comete la canalla.
El deber impone al periodista denunciar crímenes y exhibir a los criminales para que la parte de la sociedad que por ignorancia dispensa a esos malvados su más buena opinión y fama, los contemple tal cuales son y no puedan ya ellos seguir medrando a la sombra del favoritismo, cubiertos con la máscara de la hipocresía. Pero ese deber es bien caro, pues el criminal acusado ante el tribunal de la opinión pública, tiene a veces el cinismo de erguirse y la insolencia de reclamar ante cualquiera juez estulto o complaciente, que se apresura a hacer en esos casos, porque así se lo exija la consigna de su amo, el papel de vengador Quijote que hace encerrar al que ha tenido la osadía de llamar asesino al que mata y ladrón al que roba.
Todo por falta de una ley que así lo diga y que marque hasta donde puede cumplirse con el deber. Esa ley hace falta, porque de lo contrario la libertad de prensa que alega el artículo 7 de la Constitución, es una fábula, es una anarquía donde lleva la peor parte el periodista honrado.
Hace falta esa ley; debe formarse, aunque condene al cadalso al hombre que tenga suficiente vergüenza y energía para protestar contra los tiranos y los bandidos. Que se creen cárceles obscuras, cloacas inmundas para enterrarnos vivos; que se levanten en cada esquina patíbulos y que se cuelgue a cada escritor de un farol; que se fabrique una guillotina y que la hoguera tueste las carnes del que proteste, pero que tales aberraciones, tales infamias sean ley expresa de la que el mundo entero exija responsabilidades; que no porque esos suplicios se inventen contra nosotros, habremos de lamer la mano que nos flagela.

EL PADRE CLARENCIO. Semanario Liberal,  Independiente, Antiesclavista  y Antirreeleccionista,  Época II, año II, núm. 42, 4 de junio de 1905, pp. 6 -7.