Con la conciencia del deber cumplido, permanecemos en nuestro puesto.
Hemos presenciado el triste desenlace de la reciente lucha política, sin decepcionarnos y sin desalentar en lo más mínimo; hemos palpado la presión moral que se ha hecho para evitar que el pueblo haga el uso del más sagrado de sus derechos en el momento electoral; y los opresores han conseguido su objeto. El pueblo no debía sacrificarse, y no se sacrificó, prescindiendo de tomar parte en las elecciones y resultando la más ridícula y asquerosa farsa lo que acaba de tener lugar. Contra todo el torrente de la voluntad popular, la autocracia levántase insolente abofeteando al Sufragio, gracias al poder del oro con que los magnates insultan al pueblo.
El pueblo no ha tomado parte en la última hora de la lucha, porque hubiera sido una víctima cruenta, y prefirió retirarse, para no dar el triste espectáculo de una carnicería sin provecho. Así debía ser.
Las autoridades no han escaseado sus amenazas y estaban ya dispuestas a consumar los más horrorosos atentados. Por eso se han traído tropas del interior del Estado; por eso se han apresurado a dar instrucción militar casi diariamente a la policía; por eso se circularon disposiciones tendentes a intimidar al pueblo trayendo a colación los artículos de la Ley Electoral que condena, a los electores, mientras se olvidaron de hecho pensado los que condenan a las autoridades protegiendo así anticipadamente la impunidad de cualquier abuso o arbitrariedad; por eso se ha insultado al pueblo llamándole masa inerte sin representación social, clausurando el Centro Obrero, etc. etc.; y haciéndolo víctima de atentados como los de Kanasín. ¡Para intimidar!.....
El pueblo no ha sido cobarde: ha sido prudente, porque se hubiera sacrificado inútilmente tomando medidas violentas, que sólo hubieran traído la orfandad para muchas familias y un borrón rojo en las luctuosas epopeyas del proletario. Por eso ha sido prudente el pueblo, porque tiene en contra el capital y la fuerza bruta del militarismo.
El pueblo rechaza a Molina.
Y no podrán decir que no es cierto. Recordemos las inmensas multitudes que concurrieron a las asambleas antirreeleccionistas; acordémonos de aquel gentío innumerable que llenaba las calles de la ciudad de Mérida, ostentándose antirreeleccionista, en los memorables días 3 de septiembre y 22 de octubre; pasemos una mirada por la ebullición política de todas las poblaciones del Estado y veremos sólo la bandera de la antirreelección, flameando majestuosamente… Todo Yucatán protesta contra esa reelección, pero no puede hacer más. Molina y su escaso pero rico partido se hacen sordos, y en las esferas de alta política, ha sido más armoniosa la argentina voz de los millones comprando la infamia, que la voz prepotente del pueblo reclamando sus derechos. Al influjo del vil metal, se han rasgado las hojas de nuestras libertades, y si el pueblo no hubiese obrado con prudencia, se hubiesen enrojecido nuestras instituciones; y hubiera sido, no una lucha igual, sino una espantosa carnicería, una orgía de sangre donde sólo hubiera habido víctimas y verdugos, como fue el doloroso 11 de agosto y el ensangrentado 2 de abril en Monterrey.
El pueblo optó por la prudencia, porque no hubiera habido igualdad en los combatientes, y resultó aquello, la ridícula farsa, la vergonzosa pantomima que antes se representó en Coahuila, en Guanajuato, en Tlaxcala y en otros Estados a donde la voluntad del Dictador se ha impuesto amenazante con el exterminio y la desolación…
La patria no está llamada a ser un festín de chacales y hienas… La humanidad está sobre todo y la Patria Universal impide inmolarse en holocaustos inútiles. Ya llegará la hora de las represalias, cuando seamos aptos para ellas, es decir, cuando la lucha se entable en terreno de igualdad.
No se debe retroceder ni un solo palmo de lo avanzado, sino debemos mantenernos firmes. No es la política de momento la que nos debe desalentar.
A cada nuevo golpe, renazcan nuevos bríos; a cada vuelta del tornillo opresor, ensánchese más el espíritu público, y no desmayemos, no retrocedamos, que nunca es tarde para vencer.
La vieja Europa es teatro de grandes sucesos que conmueven al mundo entero. Allí el pueblo se revuelve y grita exigiendo sus derechos. Ese es el espejo en que deben mirarse los tiranos.
No está lejos el día de la reivindicación.

EL PADRE CLARENCIO. Semanario Liberal Independiente, Antiesclavista  y Antirreeleccionista, Época II, año III, núm. 13, 12 de noviembre de 1905, pp. 2 -3.       

--------- ---------

Los presos victimas del gobierno de Molina.
Procesos interminables.

Por más que digan todos los aduladores del actual gobierno del Estado, se ha hecho víctimas de venganzas de la administración de Molina a muchos ciudadanos cuyo único delito consiste en ser desafectos a la autocracia imperante de estos funestos días. Así lo entiende el público en general, y esos procedimientos de venganza que prostituyen en Yucatán la administración de Justicia, dan margen a la dura censura de la sociedad civilizada.
Los procesos se eternizan encarpetados los expedientes en los juzgados, y se violan los códigos y se inventan jurisprudencias “ad hoc” con el solo objeto de perjudicar a los procesados, con mengua de las garantías constitucionales. Lo que se viene procurando con la mayor impudicia es perjudicar a los presos por medio de maquinaciones torpemente urdidas y llevadas al terreno de la práctica con el mayor descaro conocido.
En casi todas las poblaciones del Estado se ha encarcelado a muchos ciudadanos dignos, atribuyéndoseles delitos de orden público que se siguen de oficio o delitos privados de los que se ostenta acusador cualquier maniquí, cualquier instrumento principal o secundario del molinismo que abate a Yucatán entero.
Interminable sería hablar de todas las víctimas llevadas a las prisiones de Estado, de lo cual jamás podía vindicarse el gobierno del funesto Olegario Molina, y necesitaríanse por lo tanto resmas de papel para narrar los atropellos y arbitrariedades que con cada una han cometido los sicarios de la ley revestidos de autoridades, por lo que no podemos materialmente hablar de todos los casos, aunque sí los tomamos en cuenta del mismo modo que ya los toma en cuenta el público sensato que ve y juzga.
Diez meses hará entre pocos días que el Sr. Tomás Pérez Ponce y el Sr. Carlos P. Escoffié, director de “El Padre Clarencio,” fueron encarcelados por el supuesto delito de injurias, ostentándose acusador un hermano del Ejecutivo. Al mismo tiempo se encarcelaba en Tizimín, acusado por el mismo ente, al Sr. D. Braulio Arceo, también por un supuesto delito. Algunos meses más tarde se encarceló en Mérida al Sr. José A. Vadillo, director de “Verdad y Justicia,” siendo acusador el mismo individuo hermano del gobernador. Debe observarse como cosa curiosa que pocos días antes de ser encarcelado el Sr. Vadillo, el Sr. Tomás Pérez Ponce [había] acusado por graves delitos al referido hermano del Ejecutivo y el Juez Aguilar (que es el que hoy procesa a Pérez Ponce y socios), a pesar de no tener fundamento legal para ello, ordenó el sobreseimiento, o como quien dice, decretó la impunidad de los graves delitos de que se acusó al hermano del gobernador.
¡Qué diferencia de lo que se hace contra los tres periodistas acusados por el mismo Juez!
Más tarde, cuando la inmensa multitud anti –molinista se ostentó por primera vez en pública manifestación por las calles de Mérida, se redujo a prisión al Sr. Lic. D. Manuel Meneses, presidente de los antirreeleccionistas.
Mientras tanto, en Dzitás tuvieron verificativo aquellos atentados que tienen al Sr. José C. Cetina en la cárcel de Tizimín.
La Penitenciaria “Juárez” siguió dando alojamiento a más y más antirreeleccionistas y fueron traídos de Progreso, de Valladolid, de Kanasín y de otras localidades, varios de los más entusiastas propagandistas de la no reelección, los cuales guardan prisión todavía, algunos de ellos con tales extremos que entre la misma Penitenciaria se les tiene en riguroso aislamiento.
El Juez Primero del Ramo Penal, hace cerca de un mes que comenzó las últimas diligencias del sumario en el juicio contra los Sres. Pérez Ponce, Escoffié y Vadillo, corriendo traslado al acusador privado y al Ministerio Público conforme lo provee el artículo 324 del Código de Procedimientos del ramo, pero es el caso que, terminadas las notificaciones del traslado, el expediente se ha estacionado en poder del Agente Fiscal adscrito a ese Juzgado, por más de tres semanas, con notoria violación de la ley que marca para ello sólo cinco días, y sin que el Juez haya tomado en cuenta lo previsto en el artículo 334; de todo lo cual, se ha originado un gran perjuicio a los procesados, únicos que resienten la apatía o la mala voluntad que media en todo ello.
Sabemos que todo lo dicho y mucho más que pudiera decirse poco importa a nuestros perseguidores, pues la prisión de los periodistas, lo mismo que todas las otras prisiones de antirreeleccionistas, no obedecen a causas legales justificadas, sino que son venganzas ruines, y que por lo tanto, nada importan las leyes a quienes las cometen; pero no está demás que el público sensato sepa todo lo que pasa, para que así conozca mejor en qué manos está la administración de justicia del actual gobierno. El delito que se atribuye a los periodistas procesados no existe, es sólo un supuesto delito, por lo que su prisión resulta arbitraria, atentatoria; pero, llegando a suponer (sin conceder) que la existencia del delito de que se les acusa estuviese comprobada, la pena que les correspondería en todo caso y haciendo omisión del cumplimiento del deber que les obligó a dar publicidad a los artículos acusados en que se considera ofendido (sin que haya tales ofensas) el acusador privado que contra ellos se ensaña, esa pena ya estuviera suficientemente compurgada.
¿Por qué pues, tanta calma en los procedimientos del juicio?
El público sensato sabe perfectamente apreciar los hechos y nosotros, por nuestra parte, estamos complacidos de que la prostitución de la administración de justicia se exhiba por sí sola.

EL PADRE CLARENCIO. Semanario Liberal Independiente, Antiesclavista  y Antirreeleccionista, Época II, año III, núm. 14, 19 de noviembre de 1905, pp. 2 -3.   

--------- ---------

Consideraciones sobre el proceder del Gobernador Molina, en los sucesos acaecidos en la estación de policía.

Se ha dicho ya que la aprehensión de los antirreeleccionistas, al finalizar el año retropróximo, y demás peripecias que acontecieron, entre las cuales se destaca la nota trágica de la misteriosa muerte de D. Abelardo Ancona, suceso muy comentado en sociedad que no encuentra el porqué del presunto suicidio, debiéronse a la especie ridícula que circuló de un complot para asesinar al Gobernador Molina y destruir su poder. Sin entrar, por hoy, a considerar lo risible de tamaña especie; pasando por alto, de momento, la responsabilidad que pueden tener los ostentadores de tanto lujo de autoridad en los tristes sucesos relacionados con el difunto Ancona, sólo nos vamos a ocupar de la conducta observada por el Gobernador Sr. Molina, digna de censura en varios sentidos, puesto que, apartándose de sus atribuciones como Jefe del Ejecutivo, ha entrado en ejercicio de procedimientos que no le atañen, y que, aún cuando a practicarlos tuviera derecho como autoridad, que es un suponer nada más, no debió conocer de ellos por ser parte interesada en el supuesto asunto que dio margen a las investigaciones practicadas.
Se ha asentado por la prensa que el arresto de los antirreeleccionistas obedeció a una orden del señor gobernador. Y no se alcanza a comprender qué clase de entendimiento tiene el Sr. Molina de sus atribuciones, si se considera que las aprehensiones gubernativas de esa naturaleza resultan atentatorias, toda vez que a los supuestos complicados en la conflagración del cacareado delito, no se les aprehendió ni en el acto de consumarlo, ni en ninguna reunión en que se conspirase, y fuera de la flagrancia del delito, los funcionarios judiciales solamente son los que, en virtud de las leyes, pueden ordenar por escrito la aprehensión de los presuntos responsables. Esto lo saben perfectamente aun los que sólo poseen rudimentos de derecho.
El complot que se dijo haber, afectaba, caso de existir, como parte contraria al Gobernador Molina, por lo que procedió aún más torcidamente si se considera que nadie puede ni debe ser juez y parte en ninguna causa, pues, teniendo interés en ella, no puede el interesado en pro o en contra ser todo lo imparcial que ha menester. Así, pues, suponiendo que de la investigación inquisitorial hecha por el Sr. Molina en medio del misterio de la noche y rodeado de lujo autoritario, hubiese resultado ser cierta la conspiración, los comprobantes, llamémosles así, formados de los procedimientos ¿pueden ser tales comprobantes cuando el que recibe las declaraciones no puede ser imparcial, y además en el lugar de la inquisición se despliega el lujo de fuerza armada, muy propio para intimidar a los espíritus pequeños, y se escoge la hora avanzada de una noche, rodeándose del misterio propio de tal hora? Más parece, y debe decirse, que con semejante práctica que recuerda la justicia castellana de señores de horca y cuchillo, no se pretendió probar ni se pudo haber probado la existencia de una conspiración, sino que todo ello, así como fue, resultó una conspiración para sorprender la candidez de las víctimas y arrancar confesiones deseadas, por más que sean todas falsas. Si recordamos aquellos sótanos sombríos del Santo Oficio y los comparamos con lo que pasó la memorable noche en la Jefatura Política, no habrá mucha diferencia entre ambas cosas. Así y por eso, a Torquemada, a Pedro Arbues y demás socios, lo que les importa era arrancar la “confesión”, no importa cómo.
A nadie se ocultará que D. Olegario Molina ha usurpado las atribuciones de un juez de primera instancia, haciendo comparecer ante sí a los presuntos conspiradores, pues ni como gobernante ni como particular tiene derecho a hacer declarar en su presencia a nadie que sea tenido como autor, cómplice o encubridor de un delito, cuyo esclarecimiento es sólo de la competencia de autoridades del orden judicial. Pero a esta arbitrariedad fue de seguro arrastrado el Sr. Molina por su espíritu centralizador, y cometiéndola dio a entender no sólo el profundo desprecio que le merecen nuestras instituciones, sino la poca fe que tiene él mismo en la administración de justicia tan prostituida en estos tiempos. ¿Así obra un gobernante a quien se pretende tener como modelo de funcionarios?
No hay que hablar mucho sobre el perdón que se dice les concedió D. Olegario a los conspiradores. Si eran tales delincuentes, ¿por qué y quién es el gobernador para autorizar la impunidad de un delito? ¿Es el gobernador de Yucatán señor de vidas y haciendas para perdonar por sí, o castigar por sí, conforme quiera y se le antoje, sin tener en cuenta para nada la sociedad a quien debe respetar él, más que nadie, como primer Magistrado del Estado? Bien se comprende que ese perdón que se dice concedió D. Olegario a los responsables de un delito de “lesa majestad”, no puede ser tal perdón, tanto porque bien pudo ser concedido para ufanarse de él, pues de otro modo no se concibe la existencia de un documento, cuanto porque no puede haber perdón donde no hay falta cometida y porque el que lo otorga no tiene atribuciones para ello.
Perdones de esa naturaleza que no merecen el nombre de tales, son dignos de la más dura crítica, pues se otorgan alardeando de nobleza de sentimientos y dando margen a las loas de los aduladores. Perdones que no perdonan cuando vienen después del tormento moral que sufren los espíritus débiles en inquisiciones misteriosas, y cuyo reconocimiento se obliga por escrito, tal vez en un colmo de fatuidad.
D. Olegario ha creído, tal vez, deslumbrar a la sociedad con una ficticia nobleza de espíritu, perdonando, por enorgullecerse de este perdón, a los que se dice que lo iban a asesinar. No ha sido justo ni ha sabido ser compasivo. La sociedad que juzga y condena implacablemente pero con toda justicia, no puede perdonar la conducta observada por el Sr. Molina.
Por eso se censura por doquiera.

EL PADRE CLARENCIO. Semanario Liberal,  Independiente, Antiesclavista y Antirreeleccionista, Año III, No. 22, Enero 14 de 1906, pp. 2-3.