Apreciaciones inexactas.
Rectificaciones procedentes.
(remitido.)

El proceso abierto contra el Lic. D. Manuel Meneses por delito de abuso de confianza y desobediencia a la autoridad, se ha comentado, pretendiendo darse al asunto un color político que dista mucho de tener. Esta circunstancia me pone en el caso de hacer las debidas rectificaciones y de paso enseguida a verificarlas.
He aquí los hechos:
La señora Doña Mercedes Zavala nombró albacea en su testamento al Lic. Meneses, y cuando dicha señora dejó de existir, el albacea nombrado entró en posesión de los bienes, cobró los créditos activos, recaudó las rentas y manejó el negocio como quiso. Durante más de cuatro años esperaron inútilmente los legatarios y herederos de la testadora que el Lic. Meneses les entregara los bienes, y, cansados al fin, solicitaron judicialmente y obtuvieron el nombramiento de un nuevo albacea. El Juez de la testamentaría previno reiteradas veces al ex albacea Meneses que rindiera cuenta de su administración y entregara los fondos de la herencia; pero el Lic. Meneses, a pesar de los apercibimientos y conminaciones de la autoridad judicial, se negó siempre a obedecer las órdenes de ésta, la cual, por tal motivo, lo consignó de oficio al Juez competente del ramo criminal. La consignación aludida no prosperó, en virtud de que el Tribunal Superior, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Público, declaró que antes de deducirse la acción penal contra el inculpado, era preciso usar contra el mismo las vías de apremio del procedimiento civil. Esta resolución notoriamente injusta y contraria a derecho, llenó de desaliento a los interesados, quebrantando sus energías y de pronto se limitaron a esperar que el Sr. Meneses les pagara voluntariamente lo que les debía; pero como el ex –albacea alzado con los fondos de la herencia no daba señales de volver sobre sus pasos, a pesar de las gestiones privadas de los perjudicados, y éstos nunca se han resignado a soportar la pérdida de lo que tan legítimamente les pertenece, hubo que volver a la vía judicial por el camino indicado en la ejecutoria del Tribunal Superior. En el mes de Julio próximo anterior se promovió en la testamentaría pidiendo el empleo de los medios de apremio contra el Lic. Meneses. Este, requerido de nuevo para que entregara los fondos de la testamentaría y las cuentas de su administración, reincidió en su desobediencia, y entonces, con el auxilio de la fuerza pública, se verificó un cateo en la morada del reo, sin resultado alguno, pues nada se encontró. Empleados así sin éxito, los medios de apremio, el que suscribe, por su representación, acudió a deducir en forma la acción penal correspondiente.
Quien quiera saber hasta qué punto ha sido criminal la conducta del Lic. Meneses, no tiene más que acudir al Juzgado 2º de lo Civil y consultar los autos de la testamentaría de Doña Mercedes Zavala.
No es verdad que se trate de un asunto sobreseído y ejecutoriado.
La circunstancia de que el reo hubiese sido detenido algunas horas después de la manifestación política antirreeleccionista en que tomó parte, no es una razón para atribuir carácter político a la acción de la justicia, tratándose de un asunto relativo a la perpetración de delitos comunes.
El papel político que está desempeñando actualmente el responsable no debe servirle para quedarse con el dinero ajeno ni puede libertarlo de la pena que se merece.
Si el abogado que patrocina los derechos incontestables de los herederos perjudicados es Diputado y, además, Presidente del Congreso del Estado, tampoco es ésta una razón para que a sus clientes no se imparta la justicia debidamente.
Y, sobre todas estas circunstancias, está la consideración de que el señor Juez primero de lo criminal que mandó abrir la averiguación, Lic. D. Luis María Aguilar, es un funcionario público que está sobre toda sospecha de parcialidad o de pasión política, y que por su ilustración, por su probidad y su rectitud, está justamente acreditado como una sólida y positiva garantía para la sociedad en el ramo de su incumbencia.
No han regresado aquellos deplorables tiempos en que la pasión política arrastraba a actos completamente reñidos con la cultura y la justicia.
Hoy, la sociedad yucateca lo sabe perfectamente bien: los tribunales del Estado dan a cada uno lo suyo sin que en sus resoluciones influya nada que no sea la exacta aplicación de la ley.

            Arturo Castillo Rivas.

El Eco del Comercio, 6 de septiembre de 1905, p. 2.